El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha lanzado dos nuevas guías judiciales con el objetivo de optimizar la investigación de delitos relacionados con la libertad sexual y mejorar la atención a las víctimas de violencia de género, especialmente en áreas rurales.

Estos documentos proporcionan criterios prácticos para los órganos judiciales, buscando asegurar una respuesta institucional que se ajuste a las necesidades de las víctimas, evitando así situaciones de revictimización y desigualdades territoriales.

Instrucción judicial de los delitos contra la libertad sexual

La primera guía se centra en la instrucción de delitos contra la libertad sexual en las secciones dedicadas a la violencia sobre la mujer. Esta publicación es resultado del cambio en las competencias judiciales que tuvo lugar el 3 de octubre de 2025, momento en el cual estos órganos asumieron la responsabilidad de investigar este tipo de delitos.

El documento ofrece orientaciones sobre cómo organizar las primeras diligencias de investigación y mejorar la coordinación entre los diversos profesionales e instituciones involucrados en el proceso penal. Uno de los objetivos principales es asegurar una atención adecuada a las víctimas, eliminando estereotipos de género, prejuicios culturales y prácticas institucionales que puedan perjudicar a quienes buscan justicia.

La guía enfatiza que las dificultades probatorias inherentes a estos casos no deben llevar a un cuestionamiento sistemático de las víctimas. Por lo tanto, establece que estas deben ser tratadas como sujetos de derecho, recibiendo una atención respetuosa, profesional, individualizada y no discriminatoria desde su primer contacto con las autoridades.

Además, el documento subraya que la protección de las víctimas debe ser compatible con las garantías procesales del investigado, respetando la presunción de inocencia, el principio de contradicción, la proporcionalidad y la obligación de motivar las medidas que restrinjan derechos.

Violencia de género en el ámbito rural

La segunda guía ofrece recomendaciones para mejorar la atención judicial a las víctimas de violencia de género que viven en municipios rurales. El Observatorio ha identificado la ruralidad como un factor que afecta tanto la denuncia de estos delitos como las posibilidades de protección institucional. Entre las principales dificultades mencionadas se encuentran la dispersión territorial, la falta de recursos públicos y privados, las limitaciones en el transporte y la dificultad para mantener el anonimato.

Además, se destacan la presión del entorno social y la dependencia económica que puede existir en relación con explotaciones familiares o trabajos no formalizados. La guía también señala las carencias en medios personales y materiales en ciertos tribunales, así como la necesidad de adaptar la formación de los operadores jurídicos a las particularidades del entorno rural.

En este sentido, el documento considera insuficiente aplicar automáticamente los modelos de actuación diseñados para áreas urbanas al contexto rural. La respuesta judicial debe abordar las desigualdades territoriales y garantizar una tutela judicial efectiva, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada víctima.

Disponibilidad de las nuevas guías

Ambos manuales serán analizados en un curso de formación online que será impartido por los expertos del Observatorio que participaron en su elaboración. Las guías están disponibles en la página web del Poder Judicial, en la sección dedicada a violencia doméstica y de género, donde se pueden encontrar guías y protocolos de actuación.

El propósito de estas publicaciones es proporcionar herramientas prácticas que mejoren la instrucción de los delitos sexuales y fortalezcan la protección judicial de las víctimas de violencia de género, con especial atención a los grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder a la justicia.